La defensa de Cristina Kirchner cargó contra la fiscalía y comparó su situación con un proceso legal contra Perón

Con un similitud entre el proceso legal que enfrenta cristina kirchner por supuestos actos de corrupción, y una cargo legal que enfrentó Juan Domingo Perón en 1955, el abogado Carlos Beraldi inició este lunes el alegato de la defensa del Vicepresidente en el pleito que investiga la dirección de la obra pública a beneficio del patrón Lázaro Báez. En su presentación, Berardi pagó así el discurso de Kirchner sobre la supuesta “proscripción“lo que representaría una posible condena contra el expresidente en el caso.

Durante el primer día del alegato de defensa del vicepresidente, Berardi cargó con fuertes argumentos contra la Fiscalía, a la que acusó de “mentir descaradamente” al exigir una pena de doce años de prisión. Y usó la expresión “nunca máspedir al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso que cuando deba dictar sentencia sobre el caso “sea conforme a derecho”, lo piden millones de argentinos “, agregó.

Durante tres días, los abogados de Cristina Kirchner buscarán desmentir la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes solicitaron su condena por encontrarla responsable de los delitos de asociación ilícita, como jefe, y el de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Este lunes de forma virtual, como anticipó la Vicepresidenta a través de las redes sociales, Beraldi inició su defensa afirmando que ellos se encargarán de “desarmar las mentiras de la fiscalía”. Agregó en ese sentido: “Desde el inicio de este proceso, la decisión de Cristina Kirchner fue presentarse en todos los procesos para demostrar que todos los cargos son falsos”.

Para contradecir el criterio del Ministerio Manifiesto, la defensa indicó que durante las más de 600 horas de pleito verbal, “se demostró que lo dicho, respecto a las acusaciones, era falso. Lo ocurrido en el juicio destruyó las acusaciones“.

Minutos después de finalizar la primera jornada, Cristina escribió en sus redes sociales: “Viste lo que te dije ayer, ¿no? Que Beraldi les iba a quitar el guión a (Diego) Luciani y (Sergio) Mola. corregirme, fue mucho más allá: probado en forma documentada -como debe hacerse en todo juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

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Los “mala praxis en que incurrieron los fiscales” Fue una de las frases más repetidas por el letrado a la hora de atacar el corazón de la acusación: el delito de asociación ilícita.

El Ministerio Público sostuvo en su solicitud de sentencia que se constató la formación de una asociación ilícita. “Desde el gobierno de Kirchner y varios organismos estatales vinculados a la obra pública, se armó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, que representó la contratación del Estado “a beneficio de Lázaro Báez por más de 46.000 millones de pesos”.

El caso sostiene que la estructura criminal tuvo cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción de carreteras, la exportación de una estructura provincial ensamblada con personas de confianza a nivel doméstico (en la Secretaría de Planificación Federal), la longevo la concentración económica de las obras viales públicas de nuestro país en el sur, y la dirección de la adjudicación de obras públicas y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos y permanentes a favor de Báez en perjuicio de las arcas del Estado”.

Esta estructura, indicó el Ministerio Manifiesto, tenía “su permanencia en el tiempo y con roles asignados por las personas involucradas”.

En el banda opuesto de la cargo estuvo Carlos Beraldi con la subsiguiente comparación: “En la Justicia argentina hubo tiempos que fueron vergonzosos y no se pueden repetir, Juan Domingo Perón fue procesado por traición a la patria y asociación ilícita“, situación que comparó con la que ahora atraviesa el vicepresidente.

Continuando con este análisis, consideró que “no puede ocurrir que los jueces sean utilizados para asuntos subordinados. Eso es Nunca Más, no hay corrupción en la justiciaes el Nunca Más que esperan millones de argentinos y es que este juicio está definido de acuerdo a la ley”, rechazando cualquier prueba que sustente las acusaciones.

Luego de comparar la situación legal del Vicepresidente con la de Perón, dando crédito a la discurso oficial que el pleito y un eventual resultado desgraciado podrían fuera de la ley cristina de cara al año electoral que se avecina (poco que en términos procesales y judiciales es difícil), el abogado continuó con la defensa jurídica.

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Respecto a la asociación ilícita, Luciani había dicho que “es falaz el argumento de querer extender la asociación ilícita a todo el Congreso para votar aquellas leyes que tenían serias carencias informativas por parte del Poder Ejecutivo. Contrariamente a lo dicho por Cristina Fernández, el diseño de las políticas de inversión en materia vial estaba dirigida por el Poder Ejecutivo y no es, como señaló en su investigación, que el Presupuesto sea el resorte del Congreso”.

Beraldi se centró en este punto. Dijo que en ese análisis y en la propuesta de la fiscalía “hubo una marcada injerencia del Poder Judicial” y leyó la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre actos de gobierno que no pueden ser perseguidos. Dio un paso más y dijo: “Los actos de un gobierno elegido por voto popular no pueden ser perseguidos“.

Para defender a Cristina, el abogado reprodujo la palabra de Alberto Fernández, quien como testigo en el juicio en su papel de exjefe de Gabinete, e insistió en que “algo me sorprende en este juicio y es que quieren juzgar actos de gobierno, cosa que no se puede hacer”.

Fue en esa instancia en la que la defensa, se ocupó de analizar el circuito administrativo que recorren las leyes de presupuesto de 2003 y 2015, para señalar que no se puede hablar de actos ilícitos cuando viabilizan aquellas normas que incluían las partidas destinadas a obra pública. Lázaro Báez recibió, pasó por el Congreso Nacional y diversas dependencias estatales.

El caso puso bajo la lupa el “manejo discrecional de fondos públicos” que permitió al Grupo Austral lograr “un flujo permanente de ingresos del Estado sin el debido control sobre su destino”. Esto permitió, según la acusación, que se pagaran “redeterminaciones de costos, recargos en un conjunto importante de obras” a través de “procesos amañados, enrutamiento de ofertas y procesos de contratación irregulares”.

Este esquema, que se calificó como beneficios exclusivos para favorecer a un mismo grupo económico, contó con fondos públicos durante doce años. El Estado era el único cliente de Austral Construcciones y, a su vez, la empresa selló varios tratos comerciales con los expresidentes simultáneamente: contratos de arrendamiento, fideicomiso, administración hotelera, contratación de servicios, permuta de terrenos, compraventa de inmuebles, entre otros. otros. En todas estas operaciones, Báez pagó a los Kirchner a través de la constructora.

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Una vez más para referirse a los fondos públicos, Beraldi utilizó otra sección del Testimonio de Alberto Fernández: “Esta sentencia me llama la atención porque se discuten temas políticos que no se pueden perseguir, como las leyes de presupuesto y quizás no se sabe cómo se elabora un presupuesto, su aprobación no es una decisión de un presidente, se debate en el Congreso, es un debate enorme”.

Entonces la defensa acusó a los medios de “repetir las falsas acusaciones de la fiscalía”, pero se concentró en la vía administrativa de las leyes presupuestarias. Rechazó el DNU como las decisiones administrativas que criticó Luciani para señalar que se dispusieron varios circuitos para certificar fondos a Báez. “Les mintieron señores jueces, la Fiscalía cometió mala praxis, todo pasó por el Congreso y no hubo corte de noticias”Beraldi dijo en referencia a una parte del argumento del fiscal.

El fiscal Luciani argumentó que hubo 17 obras por 2.000 millones de pesos que entre 2003 y 2015 no fueron incluidas en los formularios anexados a las leyes de presupuesto. Fue cuando utilizó la expresión “apagón informativo” al señalar que el Poder Ejecutivo no entregó toda la información al Congreso para aprobar los artículos. “Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se realizaron múltiples iniciativas para fortalecer los sistemas de información del presupuesto” y aseguró que no desmintió ninguna información al Poder Legislativo.

Analizó cinco de los 17 trabajos señalados por la fiscalía y que conformaron el peritaje metódico por el TOF 2. “Fueron incluidos y denunciados al Congreso, esa es la maldad de la fiscalía”, dijo Beraldi en defensa del expresidente. Continuará con su alegato este martes donde rebusca desmentir lo que la fiscalía calificó como el “plan limpiar todo” en relación al obturación de Austral Construcciones en diciembre de 2015.