La Jornada – Comunidades donde se extrae oro y plata sufren mayor pobreza: expertos

La Ley de Minería brinda facilidades para el despojo de los territorios y sus recursos naturales. Hay al menos 17 comunidades en las que las empresas mineras extraen oro y plata y tienen niveles de pobreza superiores al promedio nacional. Es el caso de Chínipas de Almada, en Chihuahua, donde el 86 por ciento de sus habitantes vive en la pobreza, y Eduardo Neri, en Guerrero, donde el 71,9 por ciento de su población vive en esa condición.

Actualmente, existen concesiones de 1.200 proyectos mineros y 1.672 minas operando en el país, “las concesiones pueden prorrogarse por períodos de hasta 100 años, lo que da lugar a la especulación financiera con bienes que son propiedad de la nación”, dice. el libro Así es la minería en Méxicoeditado por el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai), Oxfam México y Grupo Poder, entre otras organizaciones e instituciones.

Los efectos de la devastación que deja la minería, a cambio de pocos trabajos, son evidentes: la desaparición de paisajes, como el Cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, que fue aplastado por Minera San Xavier para extraer oro, así como la destrucción de numerosos hábitats en todo el país, la contaminación del agua, enormes presas de relaves y suelos sin vida, son algunas de las imágenes que se ven en el libro.

De las 64 fotografías que muestran esto, muchas fueron tomadas por vecinos de la comunidad que prefirieron el anonimato por temor a represalias, dijo Cecilia Navarro. Explicó que en muchas zonas es difícil acercarse, por eso hay imágenes solo de lejos.

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Leticia Merino, de Susmai, dijo que las empresas mineras se instalan en las comunidades con promesas de traer desarrollo y empleo, pero para sus habitantes está muy lejos de que eso suceda. La Ley de Minería “se declara de interés público, pero no contribuye al bien público”, por lo que se busca modificarla para que deje de ser considerada una actividad que está por encima de cualquier otra.

Desde hace meses, las organizaciones impulsan el movimiento CambiemoslaYa, con el que buscan que se modifique la Ley de Minería en el Congreso de la Unión para que la actividad deje de ser considerada de utilidad pública.

Itzel Silva, de Fundar, dijo que la ley viola los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en diversos instrumentos normativos. Recordó que la concesión otorga a las empresas el derecho “temporal” de hasta 100 años de uso de la tierra, además de la prioridad de aprovechar toda el agua para actividades mineras. Esos plazos deben reducirse, consideró.