La Jornada – No hay indicios de que los 43 normalistas estén vivos: Encinas

Ciudad de México. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”, no existe evidencia que confirme que los estudiantes estén vivos y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, pudieron hacer para evitar la “desaparición y asesinato” de los normalistas.

Estas son tres de las conclusiones preliminares del referencia sobre los hechos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que fueron presentados esta tarde en Palacio Nacional.

“No hay indicios de que los estudiantes estén vivos. Por el contrario, todos los testimonios y pruebas prueban que fueron asesinados y desaparecidos con astucia”, enfatizó el presidente de esa comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

En el referencia, que ayer de hacerse notorio en rueda de prensa fue presentado a los padres de los jóvenes estudiantes, acto en el que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios de su gobierno, así como el titular de la Fiscalía. General de la República (FGR), Alejandro Gertz, se señala que el día de los hechos autoridades federales, incluido el Ejército, autoridades estatales y locales conocieron en tiempo positivo la situación de lo sucedido, por lo que pudieron hacer para preparar delitos. perpetrado por la ordenamiento criminal Guerreros Unidos.

“Todas las autoridades fueron informadas del secuestro de camionetas, de la llegada a la terminal de buses, de los actos de persecución a los que fueron sometidos (los jóvenes), por lo que las omisiones en que incurren estas autoridades acreditan un grado de responsabilidad ya sea por acción u omisión, porque si hubieran intervenido con la información que tenían, se hubiera evitado la desaparición y asesinato de los estudiantes”.

See also  Dan 10 abriles y medio de prisión al hombre que mató a los perros 'Athos' y 'Tango' en Querétaro

Las autoridades supieron desde la salida de los estudiantes de la normalidad hasta el momento en que se dictó la orden de desaparición, a las 22:45 horas de aquel 26 de septiembre de 2014.

Con la revisión y disección de todos los utensilios para esta investigación -entre ellos expedientes, registros telefónicos y de transporte, testimonios, archivos del Ejército y otras corporaciones, grabaciones de video, entre otros- “la connivencia de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como la policía municipal de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para realizar la desaparición de los niños”.

Incluso se constató que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía un ambiente infiltrado en los normales de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien es uno de los 43 desaparecidos, y pese a ello, los mandos militares de la región “ellos no realizó acciones para su protección y búsqueda”, lo que podría ocurrir evitado no sólo su desaparición, sino la del resto de los jóvenes.

“La Sedena tenía adentro de la normalidad a Julio César López Patolzin, quien hacía informes para la Sedena adentro de la normalidad, él se encargaba de informar lo sucedido en asambleas, acciones y estaba informado de los actos preparatorios del 2 de octubre de marzo.

“Estaba al mando del teniente Marcos Macías Barbosa, comandante del batallón 27. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día (26 de septiembre), desapareció junto con los estudiantes, sin que sus mandos tomaran acción alguna para acudir a la búsqueda, tal como lo establecen los protocolos, que de aplicarse no solo se hubiera protegido y garantizado la integridad del soldado, pero también la de todos los estudiantes”, resaltó el funcionario federal y presidente de la Comisión.

See also  Aconsejan "reservas anticipadas" para el verano de 2023

Aseveró que la investigación no ha concluido, y que paralelamente la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso de la FGR adelanta las indagatorias correspondientes, por lo que ya existen órdenes de aprehensión contra 33 ex servidores públicos que se presume tienen alguna escalón de responsabilidad por los hechos, incluida la creación de la llamamiento Verdad Histórica.

“Estos son avances en la investigación, somos conscientes de que aún tenemos una larga tarea por delante, no estamos cerrando la investigación, pero continúa hasta encontrar toda la verdad, encontramos a los muchachos y los responsables son sancionados”.

El subsecretario se reservó los nombres de las personas requeridas por la neutralidad, aunque aclaró que el expresidente Enrique Peña Nieto no se encuentra por el momento entre ellos. Uno de los que tendrá que responsabilizarse la responsabilidad, dijo, es el teniente Macías Barbosa.

“La creación de la Verdad Histórica fue una acción concertada del aparato de poder organizado, desde el más alto nivel de gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo criminal y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la desaparición de los estudiantes”.

Encinas indicó que el gobierno federal y la FGR tuvieron acercamientos con los abogados de Tomás Zerón de Lucio -quien en ese año era patrón de la Agencia de Investigación Criminal de la ex Procuraduría General de la República y cerebro de la Verdad Histórica-, hoy prófugo de la neutralidad y que se encuentra en Israel, a fin de tener un acercamiento para proponer su colaboración con beneficios legales.

See also  Muertos tras atentado a tiros en zona centro [Transmisión] - El Sol del Bajío

Así, se logró perseverar una reunión posible con el exfuncionario, autoridades de neutralidad mexicanas y miembros de la Comisión los días 16 y 17 de febrero. “Se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Pero hemos mantenido comunicación con sus abogados para esperar que pronto se pueda adelantar un acuerdo de colaboración, no esperar al proceso de extradición -reclamado por México- y cumplir con la legislación mexicana para enfrentar los delitos que se le imputan y en caso de colaboración eficiente para tener algún beneficio legal”, remarcó Encinas.

El referencia igualmente confirmó que luego de salir de la terminal de ómnibus de Iguala, “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición”, lo que desmiente la hipótesis de que todos fueron incinerados en el zahúrda de Cocula.

Entre las pruebas obtenidas, dijo, están los testimonios de 115 personas vinculadas al caso, tres de ellos liberados perpetradores, cuatro sujetos liberados por ocurrir sido víctimas de tortura, 15 aún en prisión, 23 sobrevivientes, 11 exfuncionarios y 59 testigos.

“Lamentablemente en este proceso han muerto o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. De estas personas, 14 eran miembros de Guerreros Unidos, tres familiares de integrantes de esa organización criminal, dos de (otro grupo criminal) Gente Nueva, siete testigos o implicados, entre activistas, funcionarios, políticos y personas que venían brindando información, como Mario Cazarrubias Salgado, quien dirigía Guerreros Unidos y había comenzado a colaborar con esta Comisión”.