Nuevas Asociaciones Público-Privadas y un préstamo para ajustar la deuda de la Autoridad de Carreteras | Agencias

La Junta de Control Fiscal (JCF) presentó el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el cual se basa en el aumento de peajes para los próximos 30 años, la transformación administrativa de la corporación pública y un préstamo para hacer frente a obligaciones.

Sin embargo, el gobierno está considerando transferir las operaciones de la autopista Martínez Nadal (PR-20), la autopista Luis A. Ferré (PR-52), el Corredor del Este (PR-66) y la PR-53 a través de un Programa Público-Privado. (APP) para aminorar el efecto que tendría sobre los conductores el “calendario severo” de aumento de peajes.

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El plan de reestructuración de unos $6.400 millones en obligaciones cuenta con el aval del gobernador Pedro Pierluisiquien aseguró que su compromiso es lograr la pronta confirmación de lo planteado y sacar a la ACT de la quiebra antes de fin de año, “para promover mejoras en nuestras vías, el uso efectivo de PPP en las autopistas, y maximizar el uso de fondos federales para la reconstrucción de todas nuestras vías públicas”.

Según Pierluisi, El plan ofrece “una vía para que el gobierno lleve a cabo un proceso de APP para la gestión y mantenimiento de nuestras autopistas. Esto permitirá mejorar la calidad y seguridad de las vías públicas de forma más eficiente”.

La ACT sigue operando las cuatro carreteras interregionales mencionadas —las más importantes del país—, que aportan el 72% de los ingresos, a pesar de que los peajes no han tenido un incremento tarifario desde 2005.

Sin embargo, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) está evaluando celebrar convenios operativos —como lo hizo con Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC (Metropistas)— porque, según Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal Agencia (Aafaf), son convenios que reducen la responsabilidad fiscal y benefician el estado de las vías.

“Actualmente el plan muestra que sí tiene sentido llevarlos al estado de reparaciones mínimas, reunir los recursos necesarios para las mejoras y eso nos permite reducir sustancialmente la presión del aumento de peaje. Los estudios muestran que podemos hacerlo sin implementar el cronograma agresivo de aumentos de peaje. Por eso fuimos enfáticos en reservarnos el derecho de pagar el efectivo al cierre, como usar una alternativa diferente a través de la Alianza Público-Privada”, explicó Marrero a EL PORTAVOZ.


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Como parte de las condiciones del plan de ajuste, se establece que —además de reducir la deuda de Autopista a $1.245 millones— también se incluye el pago de $389 millones en efectivo a los bonistas. Marrero fue enfático en que el traspaso no es un hecho, pero los análisis apuntan a que la gestión tendría sentido.

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“No estás desvistiendo a un santo para vestir a otro. Por el contrario, se está aprovechando de un sector privado que tiene la ‘pericia’, el conocimiento, que a la larga puede implementar cosas que el gobierno no puede tener. Aunque no les convenza, son mecanismos o herramientas que nos reservamos para saber si tiene sentido al cierre (del acuerdo). Hasta ahora proyecta que sí tiene sentido y nos beneficiaríamos”, dijo el responsable de la Aafaf.

Como se informó, La Autoridad de Carreteras se nutre de cuatro ingresos principales: los peajes y tarifas del Tren Urbano, los ingresos de explotación, las multas de peaje y la venta del sello que se le coloca al carro, así como el convenio de operación con Metropistas para administrar el puente Teodoro Moscoso , PR-5 y PR-22. El contrato de estas dos últimas pistas se renovó el pasado mes de febrero.

Marrero, quien también es secretario de Estado, indicó que cada año que pasa del convenio de operación del puente Moscoso, la balanza se inclina hacia un beneficio para el gobierno, por lo que considera que los nuevos contratos PPP que proponen podrían generar el dinero. suficiente para que la ACT mantenga sus operaciones y pague la deuda.

La junta fiscal destacó el trabajo de Metropistas, destacando que la entidad ha mostrado éxito en sus métricas y desempeño. A 2019, según el ente regulador, el 99% de la PR-22 se encuentra en buen estado o “regular”, frente al 83% del resto de las vías de la Isla.


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“El acuerdo de reparto de ingresos se activa en cuatro, cinco años, lo que significa que la ‘ratio’ (proporción) entre el gobierno y el operador cambia, derivando el 60% de los fondos para las carreteras. Es una estructura con mucha menos responsabilidad, porque lo que queremos son suficientes ingresos para pagar la deuda”, dijo Marrero.

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subida de tipos

Según la junta fiscal, los aumentos regulares en las tarifas de peaje son necesarios para garantizar que la Autoridad de Carreteras tenga la capacidad de cubrir sus gastos y brindar un mantenimiento adecuado y continuo a las carreteras y al sistema de peaje.

Según David Skeel, presidente del ente fiscal, el Plan de Ajuste propuesto es un “paso importante” para poner fin a las dificultades financieras de Puerto Rico, porque cumple con el mandato de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

“El plan, junto con el plan fiscal ACT, crea una base financiera firme para garantizar la reparación, el mantenimiento y la inversión futura para garantizar la movilidad de los residentes y permitir que las empresas transporten sus mercancías de manera eficiente”, dijo Skeel. en declaraciones escritas.

Para que el PAD funcione, según la junta fiscal, la ACT debe cumplir con las estipulaciones del plan fiscal certificado a fines de febrero, que incluyen la construcción y mantenimiento de carreteras con y sin peaje y el establecimiento de una oficina de administración de peaje responsable exclusivamente de la carreteras en las que se cobra el paso.


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El plan de ajuste establece que Autopistas también debe transferir el Tren Urbano a la Autoridad Integrada de Transporte (ATI).

Recorte de más del 70%

El PAD propuesto reduce la deuda de bonos de la Autoridad de Carreteras a $1,245 millones, de $4,200 millones hoy, una disminución del 71%, con base en el acuerdo alcanzado en mayo de 2021 con los bonistas. , que incluye el pago de $389 millones en efectivo.


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Para atender estas demandas, la junta aprobó que el gobierno prestara $314 millones a Carreteras —pagaderos a 30 años y al 2,5% de interés— a pesar de que en 2015 se aprobó “la crudita”, ley que creó el impuesto al barril de petróleo que elevó el costo de la gasolina para dar solvencia a la corporación pública.

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Marrero aclaró que el dinero de la crudita fue al Fondo General, por lo que ya no son fondos que tiene exclusivamente la ACT.

“La crudita ahora va al Fondo General. Sí, (el cobro) estaba garantizado o pignorado para la emisión de la deuda de 1968 y 1998, que luego se reestructura. Ahora no tenemos disponible una crudita para Carreteras porque va al Fondo General, de la misma manera que el ‘room tax’ fue a la deuda del Centro de Convenciones y ahora va al Fondo General. Sí, esos ingresos existen. Sí, esos impuestos existen, pero se quedan para el Fondo General, que suple la deuda, el presupuesto, las pensiones, todos los pagos del presupuesto”, explicó Marrero.

Se informó que el gobierno decidió el préstamo de la ACT porque, como regla general, la junta fiscal no permite “subsidios cruzados” a la Universidad de Puerto Rico (UPR), los municipios o las corporaciones públicas.

El documento fue presentado ayer en el Tribunal Federal y debe ser aprobado por el juzgado en un proceso que, según se informó, durará varios meses.

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